Un nuevo orden social

Ilustración de Mikel Casal

Cuando el próximo 1 de septiembre muchos -con permiso de los cercanos 6 millones de parados- nos incorporemos de nuevo a nuestro puesto de trabajo tras el descanso veraniego, los colegios y las universidades estén a punto de reanudar sus clases y el balón de la Liga lleve rodando varias semanas, habrá un buen puñado de ciudadanos a los que les dirá muy poco la repetida monserga mediática sobre el síndrome posvacacional. Ese día entrarán en vigor algunos de los aspectos más polémicos de la reforma sanitaria. Esta supondrá, entre otras medidas, que todos aquellos ciudadanos llegados de otros países que no tengan regularizada su situación en España se queden sin tarjeta sanitaria y solo puedan ser atendidos en la red pública de salud en caso de urgencia. Esta es una de las 'reformas' -o recortes­ que se incluyen en el real decreto ley para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud aprobadas por el gobierno de Mariano Rajoy.

El 1 de septiembre los casi 153.000 inmigrantes en situación irregular que viven en el Estado perderán la oportunidad, si así lo requirieran, de seguir tratándose con quimioterapia o radioterapia el cáncer que padecen, o de acudir al fisioterapeuta a recibir el tratamiento para rehacer su vida alejados de una silla de ruedas tras una lesión medular, o de seguir revisándose periódicamente con un cardiólogo tras un accidente cardiovascular, o de realizar tres visitas semanales a un centro hospitalario para recibir diálisis. Una interminable lista de historias personales que a partir de esa fatídica jornada solo les queda esperar o acudir a urgencias para resolver una situación que debilita la frontera entre la salud y la enfermedad, y en algunos casos entre la vida y la muerte.

Una realidad que, como ya vienen denunciando desde hace tiempo las organizaciones sociales que trabajan con las personas migrantes, se agrava por el cúmulo de trabas legales y burocráticas que soportan los que llegan a España 'sin papeles' para regularizar su situación y que convierte su vida en un callejón sin salida. Sin embargo, la medida adoptada recientemente por el Gobierno español en un asunto tan espinoso ha sido interpretada por otros como un guiño de protección a los ciudadanos nacidos en España que seguramente implica un gran apoyo social en muy importantes sectores de la opinión pública. Un gesto para focalizar la atención en esta cuestión mientras los recortes afectan a un mayor número de casuísticas. Parece más bien que se trata de una acción deliberada para centrar en la inmigración uno de los motivos que hacen incrementar el gasto público en sanidad. La reaparición casi simultánea de informaciones relativas al costo que sufragan el Estado y las comunidades autónomas de personas de otros países que vienen a someterse a intervenciones quirúrgicas y tratamientos en lo que se ha denominado 'turismo sanitario' es solo un ejemplo. Entidades como Cáritas española ha denunciado que en vez de resolver este tipo de lagunas legales, el Ejecutivo ha adoptado el papel del todo por la parte y legisla con el lazo grande. ¿Por qué no se ofrecen datos más exhaustivos sobre el gasto real de este colectivo? ¿Por qué estas cifras no se presentan de forma transparente con relación a otros gastos desorbitados que también financia el Estado?

A gran parte de la clase política se le llena la boca apelando al término 'ciudadanía'. Un concepto que pretende ser inclusivo, que no entiende de etnias ni procedencias para dividir, sino que aúna toda la riqueza y la pluralidad de un lugar para sumar. La Constitución española determina la protección de la salud como un derecho fundamental y numerosos estatutos de autonomía -habrá que esperar si prosperan algunos de los recursos que se van a interponer- hablan de la Sanidad como derecho 'universal'. Aspectos que también reflejan la De claración Universal de los Derechos Humanos o distintos documentos de la Organización Mundial de la Salud.

El 1 de septiembre de 2012 se estrena un nuevo orden social. Si todavía no lo sabíamos, estas medidas vienen a subrayar la inauguración de un tiempo en el que conviviremos juntos ciudadanos de primera y de segunda categoría.También en el ámbito de la gestión pública y aún tratándose de derechos básicos, se aplica la ley de mercado -tú me das, yo te doy-. ¿Hemos perdido en el camino la lógica histórica del Estado de bienestar que asume un cierto endeudamiento en pos de unas prestaciones de carácter universal? ¿Por qué se sigue machacando al escalafón más débil? ¿Cualquier derecho puede ser soslayable, por encima incluso de la dignidad de la persona?

Hace 26 años que en España se universalizó la Sanidad incorporando al sistema a más de ocho millones de personas que hasta la fecha habían quedado fuera. Hoy algunos hablan ya de regresión, otros prefieren quedarse con el término 'expoliación' de los derechos sociales más elementales. El horizonte que se dibuja en el ámbito de las prestaciones sociales corre el riesgo de desgajar algunas de las garantías más elementales. Y lo que es más peligroso, justificadas públicamente por el poder político en términos de necesidad -por las exigencias de bancos centrales, agencias de calificación y gobiernos ultraliberales-, y de búsqueda del bien común. Este es sólo el co­ mienzo de una larga historia. ¿Hasta dónde se pretende llegar?

¿Estamos dispuestos a permitirlo?

Juan Pagola

Profesor de Comunicación. Universidad de Deusto-Donostia
Diario Vasco - 6.05.2012