Kit indignado y consejos para vivir un #12M15M de escándalo.

1.- Confía en la inteligencia colectiva. Vamos a cuidarnos. Vamos a compartir y redefinir el espacio público. Tenemos cabeza, tenemos sentido común, así que ante todo, mucha calma y alegría. Disfruta cuanto puedas, estarás viviendo algo histórico.
2.- Esta no es una manifestación como todas las demás. No te convoca un sindicato, ni una plataforma, ni un partido. El 15M es cosa de todo el mundo, así que, tú también eres convocante. Tienes un gran poder y también una gran responsabilidad.
3.- Queda con tus amigos y amigas, avisa a la familia para que vaya también. Llévate a los peques y anima a los más mayores. No vamos a dar un paseo, sino a construir un lugar donde cualquiera pueda participar. Encontrarte con gente diferente a la que consideras un igual siempre es un lujo.
4.- No vamos a dejar que malotes de uniforme o disfrazados de paisano corten el buen rollo. Documenta cualquier agresión o provocación policial y difúndela por redes sociales. Da rabia que nos provoquen, pero más rabia da caer en la trampa. No olvides que reciben órdenes y que ante las agresiones sólo nos protege la presión ciudadana.
5.- Recuerda: Respeto. Repetimos. Respeto. Pero respeto no consiste en sacar el policía que llevas dentro. Respeto significa cuidado mutuo hacia dentro y hacia fuera. Dialoga si no estás de acuerdo y valora si tu postura es compartida por mucha otra gente. Confía en la persona que tienes al lado para que esa persona sienta esa misma confianza.
6.- Es muy grande que además de la plaza en la que te encuentres, haya más plazas y más ciudades tomadas.  Pero quizás las autoridades pongan problemas para utilizar el espacio público en alguna de ellas. La mejor manera de echar una mano a la gente de otro lugar es que quedes en tu plaza. Mantenernos en la calle, hacernos visibles.
7.- Si una plaza fuera cerrada por la policía, recuerda lo que aprendimos en agosto. Somos mucho más potentes en movimiento por la ciudad que quietos en un sitio. No pueden mantener una plaza blindada por mucho tiempo mientras la gente toma otros lugares.
8.-  No olvides que la manifestación del 12 de mayo es un punto de partida. Hay muchísimas actividades organizadas y seguro que se nos ocurren otro montón para hacer. Toma la plaza para crear, inventar y disfrutar de la primavera.
9.- Vale, y ahora algo importante. Vamos a encontrarnos y construir potencia colectiva. Vamos a parar y tomar aire ante la frenética agenda de recortes y estafas. Sesión parlamentaria de la gente común. Estamos listos para crear tesoros y dibujar los mapas para llegar hasta ellos.
10.- Las plazas y las redes son partes de lo mismo. Después del #12M15M seremos más gente, mejor conectada, más sabia y más ilusionada. Hay muchas maneras de participar y formar parte de la República del 99%. No estamos sólos y juntas decimos: ¡Sí se puede!
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Pd.1- Si estás en Madrid y ves a una mujer que se hace pasar por indignada pero es delegada del gobierno, puedes invitarle a que lave su dinero o a que participe en la sesión psicotrópica “La ley es igual para todos“.
Pd. 2- Si vives en Barcelona ni se te ocurra disfrazarte de Gandhi, para Felip Puig fue un tío muy chungo que se sentaba en la calle de manera violenta y hacía resistencia pasiva grande a más no poder.

10/12/2012 
Madrilonia.org

Un nuevo orden social

Ilustración de Mikel Casal

Cuando el próximo 1 de septiembre muchos -con permiso de los cercanos 6 millones de parados- nos incorporemos de nuevo a nuestro puesto de trabajo tras el descanso veraniego, los colegios y las universidades estén a punto de reanudar sus clases y el balón de la Liga lleve rodando varias semanas, habrá un buen puñado de ciudadanos a los que les dirá muy poco la repetida monserga mediática sobre el síndrome posvacacional. Ese día entrarán en vigor algunos de los aspectos más polémicos de la reforma sanitaria. Esta supondrá, entre otras medidas, que todos aquellos ciudadanos llegados de otros países que no tengan regularizada su situación en España se queden sin tarjeta sanitaria y solo puedan ser atendidos en la red pública de salud en caso de urgencia. Esta es una de las 'reformas' -o recortes­ que se incluyen en el real decreto ley para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud aprobadas por el gobierno de Mariano Rajoy.

El 1 de septiembre los casi 153.000 inmigrantes en situación irregular que viven en el Estado perderán la oportunidad, si así lo requirieran, de seguir tratándose con quimioterapia o radioterapia el cáncer que padecen, o de acudir al fisioterapeuta a recibir el tratamiento para rehacer su vida alejados de una silla de ruedas tras una lesión medular, o de seguir revisándose periódicamente con un cardiólogo tras un accidente cardiovascular, o de realizar tres visitas semanales a un centro hospitalario para recibir diálisis. Una interminable lista de historias personales que a partir de esa fatídica jornada solo les queda esperar o acudir a urgencias para resolver una situación que debilita la frontera entre la salud y la enfermedad, y en algunos casos entre la vida y la muerte.

Una realidad que, como ya vienen denunciando desde hace tiempo las organizaciones sociales que trabajan con las personas migrantes, se agrava por el cúmulo de trabas legales y burocráticas que soportan los que llegan a España 'sin papeles' para regularizar su situación y que convierte su vida en un callejón sin salida. Sin embargo, la medida adoptada recientemente por el Gobierno español en un asunto tan espinoso ha sido interpretada por otros como un guiño de protección a los ciudadanos nacidos en España que seguramente implica un gran apoyo social en muy importantes sectores de la opinión pública. Un gesto para focalizar la atención en esta cuestión mientras los recortes afectan a un mayor número de casuísticas. Parece más bien que se trata de una acción deliberada para centrar en la inmigración uno de los motivos que hacen incrementar el gasto público en sanidad. La reaparición casi simultánea de informaciones relativas al costo que sufragan el Estado y las comunidades autónomas de personas de otros países que vienen a someterse a intervenciones quirúrgicas y tratamientos en lo que se ha denominado 'turismo sanitario' es solo un ejemplo. Entidades como Cáritas española ha denunciado que en vez de resolver este tipo de lagunas legales, el Ejecutivo ha adoptado el papel del todo por la parte y legisla con el lazo grande. ¿Por qué no se ofrecen datos más exhaustivos sobre el gasto real de este colectivo? ¿Por qué estas cifras no se presentan de forma transparente con relación a otros gastos desorbitados que también financia el Estado?

A gran parte de la clase política se le llena la boca apelando al término 'ciudadanía'. Un concepto que pretende ser inclusivo, que no entiende de etnias ni procedencias para dividir, sino que aúna toda la riqueza y la pluralidad de un lugar para sumar. La Constitución española determina la protección de la salud como un derecho fundamental y numerosos estatutos de autonomía -habrá que esperar si prosperan algunos de los recursos que se van a interponer- hablan de la Sanidad como derecho 'universal'. Aspectos que también reflejan la De claración Universal de los Derechos Humanos o distintos documentos de la Organización Mundial de la Salud.

El 1 de septiembre de 2012 se estrena un nuevo orden social. Si todavía no lo sabíamos, estas medidas vienen a subrayar la inauguración de un tiempo en el que conviviremos juntos ciudadanos de primera y de segunda categoría.También en el ámbito de la gestión pública y aún tratándose de derechos básicos, se aplica la ley de mercado -tú me das, yo te doy-. ¿Hemos perdido en el camino la lógica histórica del Estado de bienestar que asume un cierto endeudamiento en pos de unas prestaciones de carácter universal? ¿Por qué se sigue machacando al escalafón más débil? ¿Cualquier derecho puede ser soslayable, por encima incluso de la dignidad de la persona?

Hace 26 años que en España se universalizó la Sanidad incorporando al sistema a más de ocho millones de personas que hasta la fecha habían quedado fuera. Hoy algunos hablan ya de regresión, otros prefieren quedarse con el término 'expoliación' de los derechos sociales más elementales. El horizonte que se dibuja en el ámbito de las prestaciones sociales corre el riesgo de desgajar algunas de las garantías más elementales. Y lo que es más peligroso, justificadas públicamente por el poder político en términos de necesidad -por las exigencias de bancos centrales, agencias de calificación y gobiernos ultraliberales-, y de búsqueda del bien común. Este es sólo el co­ mienzo de una larga historia. ¿Hasta dónde se pretende llegar?

¿Estamos dispuestos a permitirlo?

Juan Pagola

Profesor de Comunicación. Universidad de Deusto-Donostia
Diario Vasco - 6.05.2012

Culpabilidad negociada: el caso Urdangarin

La noticia de una posible negociación entre Iñaki Urdangarin y el Ministerio Fiscal para declararse culpable a cambio de una rebaja sustancial de la pena que eluda su ingreso en prisión ha causado cierta perplejidad en la opinión pública, quizá porque puede ser entendida como un trato de favor para un imputado que es miembro de la Casa Real. Sin embargo, este tipo de tratos entre los acusados y la acusación pública están a la orden del día en nuestros tribunales. Así, por ejemplo, más de la mitad de las condenas dictadas por los Juzgados de lo Penal de Madrid en 2010 se basaron en la conformidad del acusado, como refleja la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2011. Tan cotidiano es este modo de proceder que la Fiscalía firmó un convenio con el Consejo General de la Abogacía en 2009 para protocolizar el modo en que dichas 'conformidades' deben articularse en el proceso penal. Estos acuerdos benefician al acusado culpable, a quien le interesa aquietarse a una pena inferior, pero cierta, sin esperar al resultado del juicio, que podría decretar su inocencia pero también una pena superior. También benefician al Ministerio Público, porque la confesión de culpabilidad demuestra que su acusación tiene base suficiente. El Tribunal Supremo ha expresado esta confluencia de intereses en una reciente sentencia: «La conformidad es una institución que pone fin al proceso basándose en razones utilitarias o de economía procesal». En definitiva, ese posible acuerdo entre la Fiscalía e Iñaki Urdangarin no supone en absoluto un trato de favor para éste.

En el caso concreto del duque de Palma, al margen de las razones 'institucionales' que éste esgrime para promover el acuerdo, ha puesto como condición que la pena solicitada le permita eludir la prisión, lo cual tampoco es una novedad respecto a otros imputados, pues la amenaza de la cárcel es el mayor incentivo para que una persona se declare culpable a cambio de que dicha amenaza no se cumpla (lo cual, dicho sea de paso, puede violentar la presunción de inocencia al forzar al inocente a efectuar dicha declaración con tal de asegurarse que no ingresará en prisión). Ello es posible siempre que la pena ofrecida por el Ministerio Fiscal sea inferior a 2 años, ya que entonces es posible declarar la suspensión de la condena y el reo sigue en libertad a condición de no delinquir durante un período prolongado de tiempo. Así pues, la contrapartida exigida por el duque de Palma no compromete a la Fiscalía para dispensarle un trato diferente al de otros imputados.

Para ofrecer una pena semejante, el Ministerio Fiscal debe utilizar todos los recursos legales a su alcance, ya que Urdangarin es acusado de delitos conminados con penas claramente superiores. El más grave de todos ellos, la malversación de caudales públicos, puede castigarse con una pena de 4 a 8 años de prisión cuando la cantidad sustraída 'reviste especial gravedad', circunstancia que puede aplicarse a este caso, dada la cantidad de dinero objeto de malversación. Para solicitar una pena de prisión inferior a 2 años, el Ministerio Fiscal requiere que se 'reparen' las consecuencias del delito; es decir que se abone la cantidad malversada, pues en tal caso es posible aplicar la atenuante prevista a tal efecto en el Código Penal y dejar la pretensión punitiva del Estado en una pena de 1 año de prisión. El resto de los delitos supuestamente cometidos por el duque de Palma -el fraude a la Administración, la falsedad y la prevaricación- conllevan penas de prisión mínimas de 6 meses o 1año, o penas de inhabilitación; esto es, inferiores a ese límite 'psicológico' de los 2 años de prisión.

Ahora bien, el caso Urdangarin presenta una peculiaridad que puede suponer un obstáculo para articular ese eventual acuerdo con la Fiscalía: la presencia como acusación popular de la asociación ultraderechista Manos Limpias, que no está dispuesta a llegar a ningún acuerdo con el acusado, algo lógico si se tiene en cuenta que su intervención en este proceso -como en tantos otros- no se basa en una pretensión de justicia sino en puro oportunismo demagógico. Esta disparidad de criterio entre el Ministerio Fiscal y la acusación popular plantea un conflicto de dificil resolución. El Tribunal Supremo se ha pronunciado al respecto en dos casos de gran repercusión pública: el sobreseimiento de Emilio Botín por caso de las cesiones de crédito y la condena de Atuxa por desobedecer la orden de disolver el grupo parlamentario de Sozialista Abertzaleak. Dos resoluciones aparentemente contradictorias que, sin embargo, presentan un núcleo común, ya que el Tribunal Supremo estima que cuando los intereses protegidos son de carácter difuso y la conducta imputada constituye, por tanto, un 'delito sin víctima', la retirada del Ministe­ rio Fiscal no impide que el proceso penal prosiga si existe una acusación popular.

Los delitos de los que se acusa a Urdangarin son precisamente de esa clase, ya que la malversación, el fraude a la Administración, la prevaricación y la falsedad documental aten­ tan contra intereses institucionales. Así pues, aplicada la 'doctrina Atuxa' a este caso, la acusación popular de Manos Limpias puede lograr su propósito de prevalecer sobre el criterio del Ministerio Fiscal, algo que debe ser evitado a toda costa por la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, porque los intereses institucionales contra los que supuestamente ha atentado Urdangarin deben ser protegidos por quien tiene asignada constitucionalmente su defensa. Esto es, el Ministerio Fiscal y no por una asociación ultraderechista cuyos intereses espurios se expresan en pretensiones punitivas de oscura jaez.

Nicolás García Rivas.
Catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Castilla-La Mancha